El doble ajuste tarifario en 2025 encarece la seguridad privada y desafía la sostenibilidad en conjuntos residenciales
¿Qué ha dispuesto la SuperVigilancia sobre las nuevas tarifas para 2025?
Preocupante ajuste tarifario de la SuperVigilancia para 2025 y su impacto en la sostenibilidad de la seguridad privada
Incrementos escalonados que elevan los costos en propiedad horizontal
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SuperVigilancia) ha oficializado un nuevo esquema tarifario que regirá en 2025, repitiendo el patrón de ajuste dual que ha caracterizado los últimos dos años. Esta medida implica un incremento semestral en las tarifas para los servicios de vigilancia privada, lo cual genera una presión creciente sobre el presupuesto de los conjuntos residenciales y edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.
El primer aumento se aplicará desde el 1 de enero hasta el 14 de julio de 2025. En este periodo, la tarifa mínima definida para un servicio de vigilancia 24 horas al día durante 30 días será de 9,14 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cifra que, a valores actuales, equivaldría a $13.010.790. Este valor no contempla recargos adicionales por seguros, suplencias, dotación, ni el componente de supervisión, lo que puede aumentar significativamente el costo real para una copropiedad.
A partir del 15 de julio, se aplicará un segundo incremento cuya magnitud aún no ha sido comunicada en detalle, pero que ya ha sido anticipada por la SuperVigilancia. Esta estrategia tarifaria responde a la actualización bianual con base en indicadores económicos, pero se presenta como una carga financiera sostenida para los administradores y residentes de residencias organizadas bajo propiedad horizontal.
Cómo se calculan las nuevas tarifas y qué incluye la prestación
El modelo tarifario aprobado contempla múltiples componentes obligatorios y porcentajes variables, lo que dificulta la planeación financiera precisa por parte de las copropiedades. Además del valor base en SMLMV, el costo de los servicios incluye incrementos asociados a la modalidad del servicio (armado o no armado), rotación de turnos, tiempos de cobertura y nivel de riesgo del entorno a proteger.
A estos factores se suma un recargo adicional por conceptos administrativos y de supervisión, que oscila entre un 8% y un 11%. Este porcentaje se calcula en función de los medios utilizados por la empresa de vigilancia contratada, los cuales pueden implicar tecnología, rondas motorizadas, personal supervisor o equipos de comunicación.
Según el comunicado oficial de SuperVigilancia, el ajuste para 2025 representa un aumento promedio del 10,5% con respecto al año anterior, aunque puede variar según la configuración específica del servicio contratado y los costos regionales.
Implicaciones directas para la propiedad horizontal
Este aumento en las tarifas de la vigilancia privada genera una preocupación creciente entre administradores de propiedad horizontal y consejos de administración, quienes deben asumir incrementos considerables en los presupuestos anuales. Como resultado, muchos conjuntos residenciales se ven obligados a reajustar sus cuotas de administración o prescindir de servicios esenciales para poder sostener los esquemas de seguridad existentes.
En zonas urbanas con altos índices de inseguridad, la seguridad privada no es una opción sino una necesidad. Sin embargo, el encarecimiento progresivo de este servicio afecta la sostenibilidad económica de las copropiedades, especialmente aquellas de estratos medios y bajos, donde la capacidad de ajuste presupuestal es limitada.
Adicionalmente, en muchos casos los residentes no comprenden con claridad la composición de estas tarifas, generando tensiones internas y resistencia al pago de cuotas ajustadas. Esta falta de comprensión dificulta la gestión administrativa y agudiza los desafíos operativos en la propiedad horizontal.
Aspectos clave a considerar frente a la nueva reglamentación
Ante este panorama, los administradores de propiedad horizontal y miembros de consejos deben actualizar sus estrategias contractuales y presupuestales, considerando los siguientes aspectos:
- Revisar los contratos actuales con empresas de vigilancia para ajustar condiciones ante los nuevos incrementos.
- Elaborar proyecciones presupuestales que contemplen la doble alza de tarifas, incluyendo valores extra por supervisión y seguros.
- Evaluar alternativas tecnológicas como circuitos cerrados, botones de pánico y control de acceso digital como medidas complementarias.
- Fomentar la transparencia en la comunicación con los residentes sobre cómo se calculan las tarifas y por qué son necesarias las alzas en las cuotas.
- Consultar a expertos legales para validar el cumplimiento normativo de los contratos con proveedores de vigilancia.
En conjunto, estas acciones ayudan a mitigar el impacto de esta política de doble incremento que se ha convertido en un patrón en los últimos tres años. La seguridad en la propiedad horizontal sigue siendo una prioridad, pero su sostenibilidad exige un enfoque más estratégico y consciente de los nuevos parámetros fijados por la SuperVigilancia.
Impacto en la propiedad horizontal: cifras y retos
Impacto preocupante de las nuevas tarifas de vigilancia en la propiedad horizontal
Implicaciones económicas directas en conjuntos residenciales
La reciente modificación tarifaria derivada de la Resolución que regula los servicios de vigilancia privada en Colombia ha generado un efecto preocupante en la economía de la propiedad horizontal, especialmente en estratos medios y altos. Las tarifas incrementadas afectan de forma directa a las copropiedades residenciales de estratos 4, 5 y 6, que ahora deben asumir mayores costos para garantizar servicios mínimos de seguridad permanente.
Frente a este nuevo panorama, las administraciones de edificios y conjuntos residenciales se han visto obligadas a reformular sus presupuestos anuales. Los contratos con empresas de vigilancia representan uno de los rubros más significativos en el gasto operativo de estas comunidades. Con el aumento tarifario, las cuotas de administración han tenido que subir, en varios casos por encima del índice de inflación. Según datos recientes, el incremento acumulado en costos de seguridad ha sido de un 10,5% solo en la primera mitad del año, lo cual genera tensiones entre residentes y órganos de administración.
Retos para mantener los estándares mínimos de seguridad
El servicio de vigilancia 24 horas, los siete días de la semana, constituye un estándar básico para la mayoría de los conjuntos residenciales. Sin embargo, su carácter de costo fijo ha puesto contra la pared a muchas copropiedades. La decisión de disminuir la cantidad de guardias, recortar turnos o prescindir de sistemas tecnológicos de apoyo (cámaras, alarmas, porterías automatizadas) no solo encarece otros costos colaterales, sino que también pone en riesgo la seguridad general de los residentes y visitantes.
En copropiedades donde ya existe una alta morosidad en el pago de cuotas, el aumento en los gastos de vigilancia agrava la situación financiera. Ante la presión presupuestaria, algunos conjuntos podrían optar por alternativas aparentemente más económicas, pero ilegales o peligrosas. La contratación de vigilancia informal, sin control legal ni estándares técnicos, puede derivar en consecuencias jurídicas, laborales y de seguridad para los copropietarios.
Agravamiento de los costos y repercusiones presupuestales
- Los estratos residenciales 4, 5 y 6 se ven directamente cobijados por la Resolución, lo que implica que los conjuntos y edificios deberán ajustar sus presupuestos significativamente para mantener estándares mínimos de seguridad.
- El aumento de tarifas presiona las cuotas de administración, en muchos casos superando la inflación general (incremento del 10,5% solo en la primera mitad del año).
- La vigilancia 24/7 es un costo fijo, y la decisión de reducir horas, puestos o calidad del servicio implica exponer la copropiedad a riesgos para la seguridad.
- Se incrementa el riesgo de ilegalidad (contratar vigilancia informal) y se compromete la viabilidad financiera de conjuntos con alta morosidad.
Necesidad de estrategias para afrontar los nuevos costos
Frente a este contexto, los consejos de administración y administradores profesionales deben implementar estrategias sostenibles para enfrentar los nuevos desafíos. Establecer presupuestos realistas, mejorar la eficiencia en el cobro de cuotas, negociar contratos más flexibles con las empresas de vigilancia y explorar soluciones tecnológicas pueden ayudar a mitigar el impacto financiero.
Algunas copropiedades están optando por sistemas de vigilancia mixta, que combinan presencia física con vigilancia digital (como cámaras con monitoreo remoto), lo que puede generar ahorros sin comprometer la seguridad. Otras han impulsado campañas internas para mejorar la cultura de pago y generar consciencia sobre el costo real de mantener estándares de seguridad adecuados.
Riesgo de desprotección social y fragmentación comunitaria
Más allá del aspecto financiero, la situación tiene un componente social complejo. En zonas urbanas densamente pobladas, los conjuntos sopesan entre perder seguridad o generar divisiones entre residentes que pueden o no asumir los nuevos costos. Esta tensión afecta la cohesión comunitaria y puede derivar en conflictos internos, rotación de propietarios o incluso devaluación de los inmuebles.
La problemática también resalta la falta de una política pública robusta para la vigilancia de zonas residenciales, que no dependa exclusivamente del modelo privado. Expertos en políticas urbanas como los del Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo advierten sobre la necesidad de modernizar el esquema actual y contemplar mecanismos mixtos que no recarguen financieramente a las propiedades horizontales.
El nuevo panorama, en lugar de fortalecer la seguridad urbana, puede generar focos de desprotección. Es fundamental que tanto las autoridades como los actores privados y las comunidades trabajen en propuestas que combinen legalidad, equidad y viabilidad financiera, evitando que el costo de la seguridad se convierta en una amenaza adicional para la calidad de vida de los ciudadanos.
Preocupaciones sociales y tendencias hacia la supervigilancia
Escenario preocupante: el impacto de la supervigilancia en la vida urbana y residencial
Un modelo de seguridad cada vez más excluyente
La proliferación de esquemas de supervigilancia pública en Colombia está planteando interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. Esta tendencia, que implica el uso de vigilancia armada y servicios privados en zonas residenciales, presenta un carácter preocupante para sectores de clase media y baja, cuyos ingresos limitados dificultan asumir las nuevas tarifas impuestas. A medida que los conjuntos residenciales optan por incrementar su inversión en vigilancia, comunidades con presupuestos restrictivos quedan rezagadas frente a estándares de seguridad cada vez más costosos.
La propiedad horizontal —tipo de vivienda colectiva común en áreas urbanas— se ha convertido en uno de los primeros focos de esta transformación. Las decisiones tomadas por las asambleas de copropietarios empiezan a inclinarse hacia paquetes más robustos de seguridad, motivadas por la percepción de un entorno urbano hostil. Sin embargo, esta dinámica genera una clara división entre edificios que pueden costear protección avanzada y aquellos que deben conformarse con sistemas mínimos o incluso prescindir de ellos.
Dilemas éticos y sociales en entornos residenciales
Expertos en sociología urbana y desarrollo comunitario alertan sobre una consecuencia directa de esta evolución: el aumento de la inequidad y la desconfianza entre vecinos. La implementación de servicios de vigilancia altamente costosos no solo aumenta el valor de la administración, sino que también crea tensiones internas entre los residentes que pueden pagar y los que no. En contextos de copropiedad, donde las decisiones son colectivas, estas diferencias económicas suelen traducirse en conflictos que afectan la convivencia e incluso la permanencia de algunas familias en el conjunto.
Además, algunos estudios muestran que la percepción de seguridad no necesariamente mejora con más cámaras o patrullas armadas. En muchas ocasiones, lo que se incrementa es la sensación constante de vigilancia, afectando la privacidad y generando un clima de sospecha permanente. Esta situación se agrava cuando los sistemas de monitoreo incluyen grabaciones en áreas comunes, reconocimiento facial o herramientas de inteligencia artificial utilizadas sin consenso general o sin una regulación clara.
¿Es la hiper-vigilancia sostenible y efectiva?
- La supervigilancia pública—entendida como la tendencia creciente a proveer vigilancia armada y privada incluso en residencias—refleja el ambiente de inseguridad urbana, pero sus costos pueden marginar a sectores medios y bajos.
- El doble incremento anual podría impulsar la adopción de tecnologías de monitoreo remoto como alternativa, aunque no siempre son equivalentes en términos de disuasión.
- Expertos advierten sobre el aumento de la conflictividad social: medidas de seguridad costosas exacerban la desigualdad y afectan la convivencia en la propiedad horizontal.
- El debate público gira en torno a la necesidad de regular un equilibrio entre seguridad y asequibilidad.
Tendencias tecnológicas como respuesta parcial
Ante este contexto, muchas copropiedades exploran soluciones tecnológicas menos invasivas y más económicas. Algunas recurren a sistemas de videovigilancia remota, accesibles desde aplicaciones móviles, o a sensores automáticos de movimiento conectados a centrales digitales, que no requieren presencia armada constante. Si bien estas opciones son más asequibles, su efectividad frente a amenazas reales —como robos con violencia o invasiones— es debatida por los expertos.
Otra tendencia creciente es el uso de botones de pánico vinculados a redes comunitarias de respuesta rápida. Sin embargo, estas iniciativas dependen de la capacidad de gestión de la comunidad y de su cohesión interna. Donde hay desconfianza entre copropietarios o falta de participación en los comités de seguridad, su implementación y mantenimiento se vuelve difícil.
Ante estos desafíos complejos, algunos analistas proponen revisar el papel del Estado en la provisión de seguridad en áreas urbanas densas, planteando una mayor inversión pública en presencia policial y programas de prevención. Organismos internacionales como UNODC han subrayado la importancia del diseño urbano y la intervención social como herramientas tan efectivas como la vigilancia privada para reducir el delito y mejorar la percepción de seguridad.
Necesidad de regulación para un modelo equitativo
En medio de este debate emergente, crece el llamado de diversos sectores para establecer lineamientos regulatorios que limiten el impacto desigual de la vigilancia privada reforzada. La ausencia de un marco legal claro para los servicios prestados en propiedad horizontal ha derivado en aumentos tarifarios discrecionales que recaen de forma desproporcionada sobre los residentes. La intervención de organismos de control y de políticas de regulación podría permitir un modelo más equilibrado, donde la seguridad deje de ser un privilegio vinculado al poder adquisitivo.
Este escenario de hipervigilancia tiene dimensiones técnicas, sociales y económicas que deben ser abordadas de forma integral. Mientras la seguridad privada gana protagonismo, la búsqueda de mecanismos accesibles, transparentes y efectivos sigue siendo un desafío pendiente para las ciudades colombianas.
